El Tribunal y sus Negocios

No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande; con justicia juzgarás a tu prójimo.
Levítico 19:15
Conocí a Enrique Baca Delgado hará unos doce años, el destino me lo puso en ciernes y producto de las actividades empresariales de uno y otro, al cabo del tiempo nos vimos consolidando algunos negocios en la bella Cuernavaca.

Le perdí la huella, por muchos años, pensé en que estaría muerto, pero afortunadamente estaba equivocado. Baca Delgado hace unas semanas estuvo platicándome el vía crucis que pasó en los Estados Unidos de América, que lo llevó inclusive a encontrarse con problemas ante la autoridad migratoria cerca de Atlanta Georgia. Por meses detenido, como consecuencia de que un socio aliado con su ex-esposa intentaron por todos los medios despojarlo de su negocio. Pero ahí no se contuvieron las cosas.

Enrique fundó una empresa en USA, uno de tantos negocios que se dedican a transferir dólares americanos de connacionales, vía traspaso electrónico a través de “Tarjetas Inteligentes”. El flujo de tarjetas según él, sería de algo así como de cuatro millones, que serían compradas por personas en los Estados Unidos y que servirían para el envió de dinero a sus familiares a través de la red de cajeros automáticos en México. Los portadores retirarían las cantidades que fueran requiriendo ó para usarlas en establecimientos comerciales como si fuera una “tarjeta de débito”.

Así, pasa en su camino un animoso y adinerado inversionista mexicano, que al vislumbrar la magnitud del negocio convence a Baca Delgado para que acepte la posibilidad de adquirir un paquete accionario de la empresa, el nombre del empresario: José Carlos Aguilar Gutiérrez. Baca, para la empresa conviene con éste aceptar un crédito por la cantidad de doscientos mil dólares, que la misma negociación le pagaría a Aguilar Gutiérrez.

Afirma Enrique Baca que todo era “miel sobre hojuelas” hasta que Carlos Aguilar, le insistió en comprar acciones de la empresa acordando permutar de doscientos mil dólares de deuda, por el dos por ciento del capital social de la empresa; Gutiérrez Aguilar adicionalmente aportó cien mil dólares más para adquirir un total del tres por ciento del capital total de la empresa. Antes de la permuta de deuda por capital, se había firmado un pagaré por doscientos mil dólares, que fue avalado por un empresario de la confección de Cuernavaca, México, de apellido Studer amigo de ambos; documento mercantil que Gutiérrez quedó de regresar para ser cancelado e inmoralmente retuvo.

Pero, la ambición -dice Baca Delgado- de Aguilar Gutiérrez no tuvo límites, ya que se confabuló con otras personas para quedarse con la empresa. Relata Baca Delgado, que llegaron inclusive a las amenazas de muerte a su persona a través de correos electrónicos para que cediera la totalidad del negocio, “mails” que se encuentran archivados en una carpeta especial dentro de su computadora lap-top y que en su momento fueron analizados por peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, resultando prueba irrefutable de la extorsión para esta institución.

Virtud de las desaseadas maniobras de su nuevo socio, Aguilar Gutiérrez, la relación entre éste y Baca Delgado se crispó, a grado tal, que el primero trató de hacer efectivo el pagaré por doscientos mil dólares, exigiéndole el pago inmediato del mismo, no obstante que ese titulo cambiario ya había sido pagado por la compra de acciones de la empresa. Pero ahí no quedó el asunto, relata Enrique Baca, que tiempo después de esto, Aguilar inició una acción legal cambiaria en su contra, a la que justificadamente las autoridades judiciales americanas le dieron la razón a Baca Delgado y confirmaron que éste pagaré había sido liquidado totalmente a través de la compra de acciones.

Asevera Baca Delgado, que Aguilar Gutiérrez tiempo después inició una nueva demanda civil a sus espaldas en México, lo hizo en contra del avalista del pagaré ya liquidado en USA, llegando a embargarle bienes cuantiosos a dicha persona, éste empresario de la confección le reclama a Baca, y es cuando éste le informa que dicho documento fue canjeado por acciones de su empresa, además de que Baca mismo había enfrentado sendos juicios mercantiles en la unión americana saliendo victorioso. Quedaba claro que se estaba cocinando un fraude mintiendo a las autoridades judiciales mexicanas.

El empresario Studer, denuncia entonces los actos posiblemente ilícitos cometidos en su contra por Aguilar Gutiérrez, lo hace ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos y por el probable delito de fraude procesal; ya que el actor del juicio a sabiendas que se había cancelado o extinguido la acción cambiaria del pagare cuando compro acciones, demandó en tribunales su cobro con un ánimo avieso para obtener un lucro indebido.

El ministerio público encargado de integrar la averiguación previa y después de hacerse llegar de los peritajes y las pruebas necesarias, determinó que si existían elementos para consignar ante un juez penal a Aguilar Gutiérrez, por la posible comisión de los delitos de fraude procesal, y con respecto a la denuncia que presentara Baca, por extorsión -delito grave-, siendo asignado dicho expediente al juzgado quinto penal, con sede en Atlacholoaya; bajo la jurisdicción del Juez Antonio Salgado Sandoval, el cual previo estudio de ley decidió “obsequiar” la orden de aprehensión en contra de José Carlos Aguilar Gutiérrez.

El 25 de Septiembre del año pasado Aguilar Gutiérrez, era detenido en la Ciudad de México, por elementos de la policía ministerial del Estado de Morelos y remitido de inmediato ante el juez de la causa, Antonio Salgado Sandoval, mismo que después de haberle tomado su declaración preparatoria y cumplido el tiempo constitucional que la ley marca, le dictó dos autos de formal prisión, ingresando al Penal de Atlacholoaya sin derecho a fianza; dando inicio así a los juicios penales en su contra, notificándose a todas las partes involucradas en ese mismo momento.

Baca Delgado asegura que éste individuo Aguilar Gutiérrez, no presentó ante el juzgado prueba alguna que desvirtuara su acusación, solo logró presionar políticamente, ya que cambió a sus defensores y contrató al Despacho Gómez Mont-¿les suena el apellido?- y quienes días antes de la audiencia que inexplicablemente lo pusiera en libertad, se retiraron del cargo de defensores y se puso para dicha audiencia a un abogado desconocido de Cuernavaca.

Para sorpresa de las victimas de éste sujeto, el juzgador Antonio Salgado Sandoval, lo puso en libertad el día 4 de Diciembre del 2009, a las doce de la noche, afirmando que existía un peritaje que echaba abajo el presentado por la PGJ. Baca Delgado sostiene que son varias y muy graves las anomalías en que éste funcionario judicial y su secretario de acuerdos cayeron en ese momento.

Es importante resaltar, que la prueba del correo electrónico ofrecida para acreditar por el ministerio público el delito de la extorsión, fue validada por el mismo juez Antonio Salgado Sandoval para dictar la orden de aprehensión, el auto de formal prisión y después para liberar al probable infractor social, pero con la siguientes anomalías: La Procuraduría sobre dicha prueba dictaminó con su perito en informática su veracidad, ya que éste tuvo en sus manos la computadora de donde fue obtenida; el juez en el proceso penal, nombró unilateralmente al Instituto Tecnológico de Zacatepec perito en informática, una persona nombrada por éste aceptó el cargo, pero más tardó en llegar el exhorto y la notificación a dicho Instituto Tecnológico, que en presentarse el perito y rendir su dictamen, con la grave salvedad que no solicitó que se le pusiera a su disposición la computadora que acreditaba la extorsión y así emitió el peritaje, esto con la finalidad- asegura Baca Delgado-de que el juez Salgado Sandoval tuviera, en apariencia, el elemento probatorio de inocencia del procesado y así liberarlo.

Más grave resulta, que para desvirtuar el delito de fraude procesal, cometido en contra del avalista Studer, el juez tomara éste mismo dictamen en informática para desacreditar la acusación de la PGJ, cuando la simple lógica jurídica establece que el mismo no puede ser usado para ese fin. El propósito del peritaje en informática, era corroborar que existían correos electrónicos en donde se amenazaba de muerte a Enrique Baca y se le extorsionaba. A todas luces ello es distinto del fraude procesal en donde se presentaron traducidos, certificados y apostillados los documentos de los Tribunales de la Unión Americana que habría ganado Baca Delgado.

Entre el primero de Octubre y el 3 de Diciembre del 2009, las audiencias de ley para la presentación de pruebas y su desahogo, fueron aplazadas constantemente por el juzgador, situación que fue recurrida por los asesores de los afectados a través de varios recursos de inconformidad, por tal razón Antonio Salgado Sandoval, juez penal de la causa, estableció finalmente el día 15 de Diciembre del 2009 para dar cumplimiento a tan importante momento procesal. Lo que no acordó éste pillastre, es que daría libertad al procesado doce días antes y en forma por demás subterfugia.

Según Baca Delgado, esta libertad no costo menos de nueve millones de pesos en dadivas al poder judicial por parte de Aguilar Gutiérrez, afirma que varias ocasiones en la rejilla de practicas escuchó al adinerado empresario decir: “Me va a costar cara mi libertad, pero lo obtendré pronto”. Y lo cumplió.

Como cereza que decora un nauseabundo pastel, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Ricardo Rosas Pérez, decidió-junto con sus “contlapàches” dentro del “Pomposo” y encubridor Consejo de la Judicatura, sacar de la “línea de fuego” a tan pestilente miembro judicial, así Antonio Salgado Sandoval dejó el juzgado quinto penal con sede en Atlacholoaya y fue designado a un juzgado menor familiar.

¡Pero Oh sorpresa! ese mismo Consejo de la Judicatura decidió dar de baja dos juzgados penales en Atlacholoaya, virtud de que por la nueva ley oral los mismos se habían quedado sin trabajo y lo poco que quedaba de ello, sería asignado a los juzgados primero, segundo y tercero penal. Así que recularon y en menos de dos días reasignaron a Antonio Salgado Sandoval como titular del Juzgado primero penal, al cual, adivinó Ud. amable lector, le tocó conocer una vez más del asunto de Enrique Baca contra José Carlos Aguilar Gutiérrez, no obstante que él mismo debió de haberse excusado por estar ventilándose una denuncia penal en su contra en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.

Resulta gravísimo que el Presidente del Tribunal de Justicia del Estado, qué tuvo conocimiento de todo esto, incluso poseía una copia de los expedientes de las causas penales en sus mismas oficinas y que dio audiencias a víctimas y victimario -sus abogados-, no actuó en contra del juez, no obstante de fungir como Presidente de la Judicatura y de conocer la existencia de quejas en contra del mismo. Éste personaje cuestionado en el Estado es que lidera los tribunales de justica. Extinguió el juzgado quinto penal y misteriosamente el juez Salgado Sandoval fue asignado a un juzgado civil fuera de la capital; pero ante la arremetida de recursos legales y la presión de una de las victimas, misteriosamente el Tribunal Superior, regresa a un juzgado penal a Salgado Sandoval y es éste quien ahora resolverá éste grave conflicto, si es el caso respecto de lo que decidan los Tribunales de apelación al estudiar y resolver sobre los recursos pendientes, así como la PGJ ante la evidencia de tantos ilícitos cometidos por éste señor.

No tengo ningún interés en el asunto, me apena muchísimo que una institución de justicia que debe ser válvula de salida de presión para los diferendos de la sociedad éste tan cuestionada. Sufrí la injusticia de un proceso penal más de nueve años, supe de los alcances de los secretarios de acuerdos que se venden por un plato de lentejas, también supe como los juzgadores-afortunadamente no todos-reciben dádivas enormes en asuntos penales y sé también que Morelos ocupa el poco envidiable primer lugar de amparos concedidos a personas que recurren al Poder Judicial de la Federación.

El Tribunal Superior de Justicia requiere de cirugía mayor, urge pues, que nuestros representantes populares hagan algo antes de que sea demasiado tarde. Éste asunto es solo “el botón” de muestra en una serie de tropelías armadas desde la más alta esfera de la impartición de justicia en Morelos.

Espero que la Suprema Corte de Justicia resuelva ya el asunto Morelos y los diputados logren designar a nuevos y honrados magistrados que le den aire nuevo a la justicia.








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