Finalmente lo
presagiado se cumplió, el tan traído y llevado crédito autorizado al gobierno
de la “Nueva Visión”, ahora cambiado de la noche a la mañana como el de “Visión
Morelos”, cayó en la tentación de la rapiña e hicieron lo que tanto criticaron
cuando eran oposición. Los dos mil ochocientos seis millones de pesos ejercidos
apenas en diciembre del año pasado, fueron utilizados en parte para la
adquisición de un terreno para la nueva sede del poder legislativo, la Cámara
de los Diputados.
Así, de la noche a la
mañana, los Cuernavaquenses nos desayunamos con la pésima noticia de que el
gobierno del Estado de Morelos podría haber adquirido algo así como unos veinte
mil metros cuadrados para ello. El lugar que ya se había filtrado a los
corridillos del poder, sería ni más ni menos que frente a las instalaciones del
por si ya saturado Mercado Adolfo López Mateos, específicamente sobre la calle
de Dr. Manuel Gandara y la Privada de retorno del Parque, en el barrio de
Gualupita en esta ciudad capital del Estado de Morelos.
Al cabo de los días la
ciudadanía se expresó y dio su rotundo NO a que en esa parte de la ciudad de la
Eterna Primavera se instalara el cabildo de los diputados morelenses. Muchas de
esas negativas eran en el sentido de que se estaría sobre saturando la Av. Plan
de Ayala, así, como qué la pequeña calle de Dr. Gándara no tendría el
suficiente espacio para recibir oleadas de automóviles, así como la presencia de
cientos y a veces miles de manifestantes que mes a mes llegan a la Cámara de
los Diputados a expresar sus necesidades y a tomar las calles aledañas.
Uno de los defensores a
ultranza de esta posible insensatez fue el presidente del propio Congreso de
Morelos en esas fechas. Así es, Juan Ángel Flores Bustamante, justificó esa
adquisición y posterior construcción del Congreso local al aseverar que los
comerciantes del Mercado López Mateos se verían altamente beneficiados al
incrementar sus ventas con esos manifestantes y la propia gente que laboraría
en ese lugar. Ya desde ese momento se podía percibir que existía un avieso
interés de adquirir ese predio a como diera lugar. Tal vez la orden desde esas
lujosas oficinas que dicen existen en la exclusiva colonia Polanco en el DF ya
se había dado: “COMPREN ESE TERRENO”.
Sería el mismo Juan
Ángel Flores Bustamante el que daría el visto bueno de la adquisición del
predio. El miércoles 30 de abril saldrían publicadas sus declaraciones en la
prensa local en ese sentido: “Por
consideración al comercio del centro de la ciudad capital, no aceptaron el
terreno que les ofrecía una empresa constructora de vivienda en un predio que
limitaba con el municipio de Temixco” y aseveró “El problema de sacar el Congreso del centro (de Cuernavaca) es que está demostrado, con estudios de
movilidad y urbanismo, que despoblaríamos y afectaríamos la economía de la zona
y ése es el motivo por el cual no se accedió al predio que nos ofrecían y que
estaba cerca del municipio de Temixco.
Para todos aquellos que
vivimos en Cuernavaca es sabido que los comerciantes del Centro Histórico de la
ciudad capital estarían más que satisfechos de que el Congreso de Morelos
saliera del primer cuadro de la ciudad, las pérdidas que les acumula la
presencia de este sitio son enormes, dado que las marchas y los plantones no
dejan que la vialidad de esa zona sea fluida. Haga la prueba amable lector,
pregúntele a cualquiera de los fenicios del centro y verá la respuesta: ¡Estamos
hasta la madre de que el Congreso esté en el primer cuadro de la ciudad!
Bueno, pues no tardamos
mucho en saber la realidad. No obstante que la propia secretaria de hacienda,
Adriana Flores Garza, negara saber el
costo real de la adquisición del predio para el Congreso-martes 5 de mayo del 2014, El Regional-“La secretaria de hacienda
dijo desconocer el monto por la adquisición del terrero que se ubica frente al
mercado ALM”, la verdad es que ella participó en la enajenación de ese predio
en representación de “El Poder
Ejecutivo” junto con el secretario de administración del gobierno de
Morelos, Carlos Riva Palacio Than en
fecha 22 de abril de este año, acto en que también firmaron como testigos los
CC. Javier Lenin Mejía Grijalva y Helio
Brito Cantú, este último es asesor del Procurador Fiscal del Estado de
Morelos, Juan Jesús Salazar Núñez.
Mire, todo este asunto
huele mal, apesta a corrupción y a malos manejos del dinero público y lo
explicaré.
El predio original, del
cual se desprende la parte que adquirió el gobierno de Morelos es de 6,884 m2, (seis
mil ochocientos ochenta y cuatro metros cuadrados). Ahora bien, dicho terreno
fue enajenado por la vía de un representante legal, un apoderado-Lic. Carlos García Camacho- por la Sra.
María del Rosario Ángeles Susana Guerrero García mediante escritura pública No.
22,820, de fecha 27 de diciembre del 2013, a los siguientes compradores: César
Alberto Leal Torres, Osmara Marlene Leal Torres y Sharon Issamar Leal Torres
por lo que hace a la nuda propiedad y al C. Julio César Leal Bobadilla por lo
que hace al USUFRUTO VITALICIO, es decir, en buen cristiano, los compradores
adquieren, pero será SOLO el C. Julio César Leal Bobadilla el que podrá hacer
uso del bien adquirido hasta que este fallezca.
Ahora bien, el precio
pactado para esa operación de compraventa fue de $9, 300,000.00 (nueve millones
trescientos mil pesos 00/100), algo así como $1,351.00 por metro cuadrado, eso
sin contar que en esa propiedad existía una construcción o casa habitación de
732 m2.
Para aquellos de
nosotros que vivimos en Cuernavaca los números no nos cuadran. Una construcción
por más deteriorada y vieja tendría un valor de tres mil pesos el metro
cuadrado, ahí solamente habría una cantidad de $ 2,196,000.00 (dos millones
ciento noventa seis mil pesos 00/100), eso sin contar que ese predio debió de
haberse vendido en cuando menos $2,750.00 (dos mil setecientos cincuenta pesos
00/100) por metro cuadrado, lo que daría sin duda una cifra de $18,931,000.00
(dieciocho millones, novecientos treinta un mil pesos 00/100), esta aunada al
costo de construcción estaríamos frente a una cifra total de $ 21,127,000.00
(veintiún millones ciento veintisiete mil pesos) la cual contrasta con los $
9,300,000.00 (nueve millones trescientos mil pesos) que los jóvenes Leal Torres
pagaron a la Sra. Guerrero Gonzáles vía su representante legal según consta en
el testimonio 22,820 del protocolo del notario número nueve de esta demarcación
notarial de Cuernavaca, Lic. José Antonio Acosta Pérez. Pareciera pues que el
avalúo de la compraventa fuera ajustado a una cantidad muy cercana al valor
catastral de $8,966,240.00 (ocho millones novecientos sesenta y seis mil
doscientos cuarenta pesos 00/100) según declaración del pago de impuesto sobre
adquisición de inmuebles que el notario presentó en fecha 20 de enero del 2014
por un total de $ 235,000.00 (doscientos treinta y cinco mil pesos 00/100).
Es muy común entre los
notarios el mandar hacer un avalúo menor al precio real de la compraventa, así
los contratantes pagarían una menor cantidad de impuestos como parece sucedió
en el caso que nos ocupa. La diferencia entre esta transacción y la real
seguramente sería en efectivo para no dejar ninguna huella para la secretaría
de hacienda.
¿Quiénes son estos
jóvenes compradores que tienen en la bolsa una cantidad tan robusta como para
poder pagar una propiedad inmobiliaria de más de nueve millones de pesos ante
notario y tal vez otros doce millones de pesos en efectivo? ¿Realmente serán
los dueños del predio o resultará que solo son prestanombres al servicio de
alguien que despacha en la hermosa y exclusiva colonia Polanco en el Distrito
Federal? Eso seguramente lo sabremos ahora que se presenten las denuncias ante
la PGJ y la SHCP y estos noveles compradores tengan que demostrar de donde
salió esa enorme cantidad de dinero para adquirir un terreno que escasos meses
después sería vendido, solo una porción de él, 2,415 m2, en $ 20,382.600.00 (veinte millones
trescientos ochenta y dos mil seiscientos pesos 00/100), es decir, vendieron al
gobierno de Morelos a $ 8,440.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100)
por metro cuadrado. Una utilidad del 625% en tan solo unos meses. ¡Vaya
negocio!
Lo grave de esta
transacción aparentemente amañada en favor de alguien, es que existen
violaciones flagrantes a la normatividad de Morelos:
1-. La ley General de
Bienes del Estado de Morelos ordena:
Artículo
36-.
La autorización de destino o
adquisiciones de inmuebles se hará bajo los siguientes lineamientos:
III. “Que
la secretaría de obras públicas emita dictamen favorable sobre la adquisición,
previa estimación pericial del valor del inmueble por la comisión de avalúos de
bienes estatales. Cuando no se cumplan los requisitos señalados, procederá la
negativa para adquirir los inmuebles”
La secretaria de obras
públicas, de acuerdo con los numerales 40 y 49 de la misma ley ordena que debe
de existir previo a la adquisición UN DICTAMEN DE DESTINO.
Artículo
40-.
El destino de los inmuebles estatales
para el servicio de las distintas Dependencias de la Administración Pública del
Estado, se formalizará con el dictamen de la Secretaría de Obras Públicas, que
someterá al acuerdo del ejecutivo.
La
secretaría de Obras Públicas para la formulación del DICTAMEN DE DESTINO, deberá atender las características y
posibilidad de aprovechamiento del inmueble, la compatibilidad entre el uso
para el que se requiere el bien y las disposiciones vigentes en materia de
desarrollo urbano.
El
destino de los inmuebles estatales no trasmite la propiedad, ni otorga derecho
real alguno sobre ellos, en favor de las dependencias a las cuales fueron
asignados.
Artículo
49-. La adquisición,
posesión, destino, conservación y enajenación de los bienes inmuebles de
dominio privado del Estado, así como los demás actos jurídicos que los afecten,
CORRESPONDE A LAS SECRETARÍAS DE
GOBIERNO, DE OBRAS PÚBLICAS Y LA DE HACIENDA, así como la Dependencia
encargada de la administración, en sus respectivas competencias.
Así qué, Jorge Messeguer,
Adriana Flores y Carlos Riva Palacio Than violaron flagrantemente la ley
general de bienes del Estado de Morelos. Lo espinosísimo del caso es que al no
haber mandado a hacer el avalúo, previa compra a la Comisión de Avalúos de
Bienes Estatales como se los mandata el artículo 12 de dicha ley, compraron al
precio que les dio la gana, siguiendo según sea, ordenes de más arriba o en su
caso, beneficiando a terceros que a lo mejor ya estaban apalabrados con alguien
desde antes. Una u otra razón, el caso es que el erario público trae consigo
una pérdida monumental.
¿Rapiña o estupidez?
Ud. saque sus conclusiones. El caso es que hace unos días el secretario de
administración aceptó la compra del predio y no solo eso, ahora nos adelantó
que el gobierno de Morelos podría comprar el resto del terreno, es decir los
otros tres mil y pico de metros cuadrados que le quedaron a la familia Leal. Si
compraron los primeros a 8,400 pesos, seguro ahora comprarían a 10 mil pesos
metro cuadrado. ¡Vaya negociazo!
JABONAZO
Finalmente salió
Messeguer de la secretaría de gobierno, grande le quedó el puesto y así
pretende otro mayor. Afortunadamente los morelenses tenemos memoria.
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