Seguro popular, estafa impune

Uno de los programas qué más impulsó el gobierno de Vicente Fox fue sin duda el del Seguro Popular. Este sería la solución médica para aquellas personas de escasos recursos que no tenían o no podían ingresar al sistema de salud pública vía el IMSS o el ISSSTE. Finalmente en Morelos, sería utilizado como un enorme fraude que hasta la fecha no ha llevado a la cárcel a nadie y la empresa comandada por un tipo Fernández Urban desapareció de la faz de Cuernavaca sin dejar rastro alguno. Así como inicio de súbito sus operaciones, así se esfumó.

Por la denuncia de algunas personas físicas y morales, la otrora Auditoría Superior Gubernamental, en manos del inefable y muy cuestionado Gerardo Casamata, se inició una auditoría a los fondos federales que se manejaron dentro del rubro del Seguro Popular. Según la misma, el Congreso del Estado observaba con preocupación, que estarían siendo defraudado el erario público por una cantidad que rondaba los sesenta millones de pesos, si amable lector leyó Ud. bien, casi cinco millones dólares fueron pagados de más a la empresa denominada “Especialidades Médicas S.A”, esto con la colaboración abierta de varios y bien nombrados funcionarios públicos de la Secretaria de Salud del gobierno del mecánico Sergio Estrada Cajigal, siendo el principal responsable en Doctor Antonio Campos Rendón, en su calidad de secretario del ramo.

Ahí no quedaba la resolución de la Auditoría Superior Gubernamental. También se mencionaba que el actual secretario de salud, Víctor Manuel Caballero Solano, habría tenido conocimiento del fraude y se habría mantenido callado, violentando flagrantemente el código de los funcionarios públicos en funciones, el cual señala responsabilidades inclusive penales, para aquellos funcionarios que se mantengan deliberadamente anuentes a una situación por demás anormal.

Sin embargo, existe documentación oficial en donde también la Contraloría del Gobierno del Estado hizo sus propias indagatorias. Vía sendas auditorias resultó que solo estaría involucrado el villano favorito de la contraloría en esa época, el ex titular de la Oficialía Mayor, Alfonso Pedroza Ugarte, siendo que existen documentos oficiales dentro de ellas que demuestran la responsabilidad de Campos Rendón y de Caballero Solano, además de los dos directores que tuvo el REPSS-Régimen Estatal de Protección Social en Salud- entre mayo y noviembre de 2006, Adolfo Valdez Escobedo y Luis Carlos Fragoso Velásquez.

El saqueo de estos cuando menos sesenta millones de pesos no ha podido ser perseguido por autoridad alguna. La empresa “Especialidades Médicas S.A” cuyo dueño era un abogado, si lo leyó Ud. bien, de nombre Joaquín Fernández Urban dejó sus oficinas de la avenida Plan de Ayala en Cuernavaca, Morelos sin haber concretado los casi cuarenta mil exámenes generales que debió de haber realizado y por los cuales si cobró el monto total de ellos. ¿Quién autorizó eso? ¿Quién podría cobrar por servicios no otorgados? Solo dentro de un gobierno corrupto y facineroso como el de Sergio Estrada Cajigal y al cual, aparentemente, le siguen haciendo el juego desde el de Marco Adame Castillo.

Dicen que la ex contralora Patricia Mariscal Vega, habría insistido con el titular del poder ejecutivo ha ejercer acción penal en contra de los responsables y que desde allí la estuvieron parando. Vaya Ud. a saber. Lo que si se sabe, es que existe la documentación oficial que avala los malos manejos de estos recursos y la pésima actuación de los responsables.


Pareciera que deliberadamente estarían dejando prescribir los delitos, con la finalidad de que ninguno de los ex funcionarios de Estrada fueran puestos tras las rejas o lo peor, que se estaría protegiendo a uno delos delfines del gobernador Adame a la candidatura del PAN al gobierno del estado y cuyo nombre es Víctor Caballero Solano, actual secretario de salud estatal.

Valdría la pena que la ASF en manos de Luis Manuel González, se diera a la tarea de verificar los tiempos de la prescripción de los delitos y no dejara impune un agravio tan monumental en contra de las finanzas del pueblo. Sería harto recomendable que también los partidos de oposición desempolvaran el asunto o en su caso alguna de los ONG que se dedican a los derechos humanos.

Algo le debe de quedar clatro al nuevo titular de la contraloría estatal y que aparentemente sería del mismo equipo de Sergio Estrada: Si no actúa en tiempo y forma en éste asunto, veríamos la forma de denunciarlo por violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es una promesa señor secretario.

JABONAZO

Este mes de mayo habrá precandidato del PAN a la gubernatura de Morelos. ¿Usted votaría por ellos?